La Codosera, 05 de Septiembre del 2008.- La Presidencia de la Diputación de Badajoz y los dos portavoces de los Grupos Políticos representados en la Corporación Provincial (PSOE y PP) han consensuado durante esta semana la Declaración Institucional de la entidad provincial con motivo del 8 de septiembre, Día de Extremadura.

   Dicha Declaración Institucional, que se ha remitido esta mañana para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y a los distintos ayuntamientos de la provincia por si desean acogerse a ella en los distintos Plenos y conmemoraciones oficiales que se celebren a partir de hoy, la remitimos en su texto íntegro, seleccionando a juicio de este Servicio de Prensa los párrafos más relevantes de la misma:

   DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ CON MOTIVO DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008, DÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, EN EL AÑO DE CONMEMORACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ESTA COMUNIDAD.

   Estimados compañeros de Corporación
   Medios de Comunicación
   Ciudadanos y Ciudadanas de la provincia de Badajoz

   Como hemos realizado en ediciones precedentes, afrontamos desde la Corporación Provincial que presido un nuevo 8 de septiembre, Día de Extremadura y festividad de la patrona de nuestra Comunidad Autónoma, Ntra. Sra. De Guadalupe, desde el compromiso común y renovado que esta declaración institucional desea trasladar a la ciudadanía de la provincia: el de la defensa de la identidad y de la dignidad del pueblo extremeño, de los principios básicos de convivencia y defensa del pluralismo social y político, y del Estatuto de Autonomía y la Constitución Española como normas básicas de nuestro Ordenamiento Jurídico, justo en el año en el que los extremeños conmemoramos el 25 Aniversario de Aprobación de nuestro Estatuto que nos constituyó en 1983 como Autonomía dentro del Estado español.

   Y lo hacemos, bajo el consenso de los grupos políticos aquí representados, con el firme propósito de reclamar la herencia de estos 25 años de desarrollo y convivencia democrática en el autogobierno, desde la lealtad institucional y el ánimo en la coordinación de esfuerzos que desde los primeros días manifestaron las administraciones locales de nuestra región para desarrollar los derechos y libertades, los deberes a los que nos obligábamos instituciones y ciudadanos, y que han hecho posible que este periodo –corto para la historia de un pueblo pero tremendamente enriquecedor en el progreso y el bienestar del mismo- se convierta en un motivo más de orgullo de las generaciones que han construido y siguen cimentando hoy este sistema democrático, social y descentralizado.

   Los ayuntamientos y Diputaciones entendimos desde el primer momento que era necesario sacrificar las prerrogativas que acompañaban a las hasta entonces únicas administraciones periféricas y descentralizadas de un Estado centralizado, propio de un régimen en transición hacia la democracia, con el fin de consolidar el Título VIII de nuestra Constitución y las Leyes Orgánicas que acompañaron a la configuración del mapa autonómico español. Pero tras 25 años, no es menos cierto que ese proceso de descentralización administrativa a favor de las CC.AA. necesita una nueva revisión: la realidad social y política de la sociedad española del siglo XXI no se parece, afortunadamente, ya casi en nada a la que afrontaba el inicio de la democracia constitucional. Apoyamos -desde esta Declaración- que ese consenso político trascienda y en Extremadura y en el resto de CC.AA. en breve podamos disponer de nuevos Estatutos autonómicos que radiografíen esa nueva realidad. Así están desarrollándose los avances entre los grupos políticos mayoritarios en nuestra región y que desembocarán en un nuevo Estatuto de Autonomía para el pueblo extremeño durante la presente legislatura, y así está produciéndose en el resto de territorios constituidos como tales dentro del Estado y la Nación española.

   Sin embargo, la administración local no puede hoy reproducir esa misma voluntad de sacrificio competencial y financiero que hace 25 años sino que reclama un ajuste de estos dos ámbitos para poder seguir desarrollando los servicios propios y ejecutivos sobre competencias de las CC.AA. en nuestros municipios. Los ayuntamientos han sido y –con nuevas competencias y el ejercicio de los llamados “derechos de nueva generación”- son cada día más, la administración más cercana para el ciudadano en la prestación de esas garantías. Una acumulación de tareas, que trascienden las recogidas en la Ley de Bases de Régimen Local, asumidas sólo por esa tradición se servicio a la ciudadanía, que ha llevado –por el contrario- a una situación insostenible para las Haciendas Locales.

   Como extensión a ese correcto desarrollo y a la mejora de nuestra Autonomía, deseo reiterar la necesidad que hoy tiene el mundo local de que se definan de una vez por todas los servicios propios que competen a estas administraciones, descentralizando aquellas que –bajo titularidad del Estado o de la Comunidad- se ejecutan sin embargo por los ayuntamientos, total o parcialmente, y –sobre todo- dotándolas de la financiación necesaria para que esos servicios se presten a la sociedad bajo los principios constitucionales de eficacia, eficiencia y coordinación con el resto de administraciones.

   Estamos inmersos en una nueva revisión competencial que profundice la descentralización administrativa y nuestro marco autonómico, sin duda uno de los pilares básicos que ha posibilitado el bienestar de nuestros ciudadanos. Pero, de la misma manera que declaramos todos los grupos políticos representados en este Pleno, que los avances en el autogobierno no pueden mermar la fortaleza de un Estado que garantice la igualdad y la cohesión territorial en España, esta cohesión y la garantía de que todo ciudadano español y extremeño recibirá los mismos niveles de servicios, independientemente de su lugar de residencia debe comenzar por la administración local.

   Los ayuntamientos y Diputaciones entendimos desde el primer momento que el progreso de España pasaba por el desarrollo de este sistema autonómico, pero en un proceso inverso al que históricamente definió a Alemania, Italia o los Estados Unidos de Norteamérica. En España se produjo desde la generosidad y el consenso de adelgazar un Estado salido de un régimen totalitario en beneficio de las regiones y nacionalidades que lo conformaban. Paralelamente, la entrada en Europa desde 1986 inició un verdadero camino hacia el federalismo, aún con sombras en lo político y con claros avances en lo económico. En este punto del trayecto, reclamamos que antes de rescribir la historia sobre teorías soberanistas que jamás nutrieron el espíritu de nuestra democracia y que esconden claras reclamaciones para las haciendas de estos territorios más allá de esa declaración identitaria, los ayuntamientos y la Diputación de la provincia de Badajoz –primeros en acompañar como Estado en esa generosidad administrativa y en sacrificarse en esta tarea- reiteramos nuestra lealtad a la Constitución Española, que define con claridad la soberanía nacional en el pueblo español.

   Es esa soberanía la que sustenta el sistema de derechos y deberes de los ciudadanos la que respalda que sea el Estado, las CC.AA y el municipalismo, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, quienes de forma multilateral deben definir los servicios, competencias y la dotación financiera que corresponderá a cada uno de los estadios administrativos en esa nueva realidad de la España del siglo XXI, garantizando la igualdad entre ciudadanos. No existe la solidaridad entre territorios, sino la solidaridad entre ciudadanos. Así se produce en el seno de cada municipio, que jamás han adoptado en la historia de la democracia un análisis de flujos económicos entre barrios, calles o viviendas, sino que se nutrieron de los recursos cedidos por el Estado, captados mayoritariamente en función de la capacidad fiscal de cada uno de sus habitantes, y que han hecho posible el progreso universal de la sociedad española durante estos años de democracia.

   Asistimos a tiempos que requieren del esfuerzo de todos para atravesar una seria vaguada en este desarrollo, una crisis que cabalga por la Europa democrática, que esconde una revisión de los modelos de desarrollo y de los propios bloques geopolíticos del planeta. No parecen los mejores tiempos para reinventar la historia y abrir nuevas vías de conflicto entre territorios, que arrastrarían después a los ciudadanos. Antes de ello, reclamamos hoy aquí también que esta historia de 25 años de autonomía nos ha enseñado que sólo el esfuerzo colectivo, el consenso social y político, y la austeridad sin detrimento de la eficacia, serán las soluciones para superar estos periodos que no son nuevos en la historia de nuestro pueblo. Europa, España y Extremadura necesitan hoy, más que nunca, que aparquemos nuestras diferencias ideológicas y nuestras reclamaciones que no contribuyan a la mejora objetiva de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Y en ese empeño, la Diputación de Badajoz –estoy seguro de ello- volverá a ser un ejemplo ante el resto de administraciones y ante sus conciudadanos.

   Extremadura ha sido una conquista común. De los que ya no están y han dejado lo mejor de sus vidas en el empeño, y de los que continuamos desde la responsabilidad ciudadana o institucional contribuyendo a su progreso diario. Si en 25 años de existencia, esta Comunidad Autónoma ha podido ofrecer a sus hijos, a los que retornaron de una sangrante emigración que mermó nuestras potencialidades, los mejores años de su historia, estoy convencido –y hablo en nombre de toda la Corporación Provincial- que si continuamos en la senda del diálogo y el respeto al pluralismo, el futuro será aún más relevante y venturoso para las generaciones que nos relevarán.

   En ese espíritu de consenso y compromiso por una tarea común, en la lealtad a la Nación española y en la defensa de la dignidad y la identidad de nuestra Comunidad, les ruego me acompañen y griten conmigo:

¡Viva Extremadura!

¡Viva España!